Irán Aguilera
30 de enero, 2014
Fuente: Nueva Prensa de Oriente
«Sanciones igualmente duras recibirán quienes restrinjan la oferta y distribución de bienes regulados para provocar escasez o distorsiones en sus precios»
El pasado viernes 24 entró en vigencia con su publicación en Gaceta Oficial la Ley Orgánica de Precios Justos. Fue dictada por el Presidente de la República, Nicolás Maduro, como parte de su habilitación para legislar en la orientación de garantizar el desarrollo equilibrado de la economía nacional. Es un arma muy importante que se usará para derrotar la guerra económica, con la cual sectores apátridas pretenden socavar las bases de la Revolución Bolivariana para intentar destruirla. Con este instrumento legal se enfrentará con firmeza el sabotaje, el acaparamiento y la especulación de los bienes esenciales que deben llegar con normalidad a nuestro pueblo.
Para enfrentar esa criminal guerra económica de la burguesía parásita contra el pueblo, en noviembre pasado el jefe de Estado desarrolló una poderosa ofensiva económica y política. Se realizaron jornadas intensas de inspecciones con el objetivo de abatir la escandalosa usura. Debido a esa ofensiva, que contó con un amplio apoyo popular, los precios al consumidor registraron drásticas reducciones cuando se cumplió la orden presidencial de ajustar los precios para proteger el ingreso de los trabajadores.El nuevo instrumento legal contempla sancionar sin contemplación a los infractores, entre estas están las penas de prisión de ocho a diez años para los especuladores: aquellos que vendan bienes o presten servicios a precios superiores a los fijados por la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundee) que nace por mandato de esta Ley. También establece sanciones como la ocupación temporal de hasta por 180 días y multa de entre 1.000 y 50.000 unidades tributarias. Igualmente prevé la suspensión en el Registro Único de Personas que Desarrollan Actividades Económicas, ocupación y cierre temporal de establecimientos, clausura de almacenes, confiscación de bienes y revocatoria de licencias, permisos o autorizaciones.Sanciones igualmente duras recibirán quienes restrinjan la oferta y distribución de bienes regulados para provocar escasez o distorsiones en sus precios. La reventa de productos de primera necesidad se castigará con multa de entre 200 y 1.000 UT y la usura con prisión de cuatro a seis años.
La ley contempla también el delito de contrabando de extracción que se sancionará severamente con prisión de 10 a 14 años.
Sundee fijará los precios máximos de la cadena de producción o importación, distribución y consumo, mediante el análisis de la estructura de costos; fijará un porcentaje máximo de ganancia que no excederá el 30% y fiscalizará la actividad económica y comercial, todo esto con un solo objetivo: defender al pueblo..
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