Carlos Slepoy, durante la entrevista, en el Centro Gallego de Buenos Aires.- ANA DELICADO

La primera denuncia interpuesta en Argentina contra el Estado israelí por los crímenes cometidos en Gaza no será un hito aislado. El abogado argentino Carlos Slepoy, que participa en la causa contra los crímenes del franquismo abierta en este país, prepara una querella para que se condene a Israel por delitos de lesa humanidad.

Slepoy impulsó en España los juicios contra los crímenes de las dictaduras argentina y chilena, y consiguió que se enjuiciara en España al militar argentino Adolfo Scilingo, condenado en 2007 por el Tribunal Supremo a 1.084 años de prisión por ser responsable, entre otros delitos, del asesinato de 30 personas que fueron arrojadas al Río de la Plata en dos vuelos de la muerte.

Pero no hace falta remontarse a dictaduras pasadas para encontrar crímenes imprescriptibles. Un Estado, formalmente democrático, hace pocas semanas bombardeó la Franja durante 50 días y mató a más de 2.100 personas en lo que denominó la operación Margen Protector. De visita en Argentina, Slepoy presentará en los juzgados de Buenos Aires una querella penal, junto con abogados de la Asociación Americana de Juristas entre los que están Beinusz Smuckler y Carlos Tobal, para que Israel sea juzgado «por delitos de crímenes de guerra, de lesa humanidad o de genocidio», tres figuras penales que no prescriben.

«En todo el mundo hay mucho espanto ante la impunidad absoluta con la que cuenta Israel para desobedecer las resoluciones de la ONU y para provocar masacres sistemáticamente, aparte de avances sobre los territorios ocupados y la instalación de colonias», expone Slepoy a Público. «Frente a esta realidad, mucha gente se pregunta cómo se para esto. La Corte Penal Internacional no va a actuar, primero, porque ni EEUU ni Israel son parte de su Estatuto. Por otra parte, Palestina no está reconocida como Estado».

«En todo el mundo hay mucho espanto ante la impunidad absoluta con la que cuenta Israel»

La otra alternativa sería crear un tribunal penal internacional ad hoc, como se hizo para Yugoslavia, para Ruanda o para Sierra Leona. Pero esto requeriría o una decisión de la Asamblea General de la ONU o una resolución del Consejo de Seguridad. Vuelve a ser muy remota la posibilidad de que esto suceda.

Nuestra pretensión es que se abra un procedimiento aquí, otro en España, que se abran en Chile, en México y en todos los países que pueden ejercer la jurisdicción universal con respecto a estos crímenes, para que puedan ser perseguidos de forma múltiple y concertada. Y en caso de que alguno consiguiera la detención de alguno de los responsables, que se determine cuál es el tribunal en mejores condiciones para juzgar.

En Argentina hay ahora dos procedimientos abiertos: el del franquismo y otro sobre los crímenes en Paraguay. Antes de la querella por los delitos franquistas no existía nada. Cuando se interpuso, la jueza archivó la causa. Hubo que recurrir y al final la Cámara Federal la abrió de nuevo. ¿Qué va a pasar con esta nueva querella? Vamos a ver. Aquí en Argentina hay ya una primera denuncia presentada en Córdoba que es muy importante. Vamos a colaborar juntos, podrían unirse las causas en un futuro. Lo interesante es que, no siendo ninguno jurista, aquellos demandantes apelaron al principio de justicia universal.

Sí, lo que implica que participarán víctimas o familiares de víctimas, sin perjuicio de que haya asociaciones palestinas y organismos de derechos humanos.

«Parece que se puede matar niños y destruir barrios enteros sin que haya ningún tipo de sanción»

En principio nosotros pedimos la captura internacional del primer ministro Benjamín Netanyahu, los ministros Avigdor Lieberman (Asuntos Exteriores) y Moshé Yalon (Defensa), el jefe del Ejército, general Benny Gantz y el vicepresidente del Parlamento e ideólogo del plan de exterminio, Moshe Feiglin, porque son los que aparecen claramente como ejecutores del plan. Pero una vez abierto el procedimiento declaran testigos, expertos, se acumulan pruebas y eventualmente pueden surgir nuevos responsables.

Presuponemos que habrá una reacción de la comunidad judía aquí y de la de Israel, que atribuyen los crímenes a los atentados producidos por Hamás. El represor siempre busca justificaciones. La dictadura argentina decía que se veía obligada a desaparecer a la gente porque los subversivos cometían delitos y atentaban contra el ser nacional.

Pero estos crímenes no tienen justificación alguna. La desproporción de medios entre una y otra parte es tremenda: 64 muertos israelíes frente a más de 2100 palestinos. Y aparte está el tema de los niños. Parece que se puede matar niños y destruir barrios enteros sin que haya ningún tipo de sanción, como si viviéramos en un lugar donde no existiera el derecho internacional, en donde no hubiera existido un tribunal de Núremberg. En la querella, van a constar los nombres de todos los asesinados que se conozcan, y sobre todo de los niños. Tenemos ya una lista elaborada por Save The Children con el nombre y edad de 373 niños.

Al calor de la detención de Pinochet en 1998, un fiscal apeló la decisión del juez Baltasar Garzón planteando que era incompetente. En octubre arrestaron a Pinochet y en noviembre la Audiencia Nacional se declaró por unanimidad competente para investigar los crímenes en Argentina y Chile y, por tanto, consagrando la idea de la justicia universal que ya estaba en los textos españoles.

Se creó una enorme expectativa. La primera en interponer una querella, tras aquello, fue la premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú, que en 1999 denunció un genocidio en Guatemala. Un juez se declaró competente pero su decisión se recurrió ante la Audiencia Nacional, la cual reconoció que si bien había indicios suficientes para pensar en un genocidio, no estaba acreditado que las víctimas hubieran interpuesto sus demandas en la propia Guatemala, y que siendo subsidiaria la actuación de la jurisdicción española, no procedía la apertura del procedimiento. Es decir, que son los mismos jueces, ante una causa mucho más evidente como era el genocidio en Guatemala, los que deciden archivarla. Recurrimos al Tribunal Supremo, que decidió que España era competente pero sólo sobre las víctimas españolas.

«Todos los tribunales de los distintos países del mundo deben concurrir a la persecución del crimen»

Sí, quien revocó ambas resoluciones planteando que la Justicia española era competente, que esta cuestión de los españoles no se correspondía en absoluto con la idea de la jurisdicción universal que se define por la naturaleza del crimen y no por la nacionalidad de las víctimas, y en este punto, dijo que no se puede hablar de jurisdicción subsidiaria sino competente. La idea es que todos los tribunales de los distintos países del mundo deben concurrir a la persecución del crimen, que es lo que esperamos que ocurra en relación con Palestina.

La causa de Guatemala sigue abierta, el juez incluso viajó hasta allí. Tuvo una influencia muy grande para que el dictador Ríos Montt fuera juzgado después, y no sólo eso, sino que permitió la apertura de hasta quince causas en España basadas en la justicia universal. Pero a raíz de una nueva masacre en Gaza en 2009, hubo presiones del Gobierno israelí y de EEUU con el tema de Guantánamo, y de los chinos con respecto al Tíbet. El PSOE modificó con el apoyo del PP la ley que establecía la justicia universal irrestricta en España y estableció puntos de conexión: que las víctimas tenían que ser españolas, o que tenía que haber vínculos relevantes con España del país en el que se cometieron los crímenes, y planteaba la subsidiariedad de nuevo.

No. España firmó las Convenciones de Ginebra, así que está obligada a cumplir la ley que contrajo internacionalmente al margen de lo que diga su ley interna. Incluso en esa modificación de la ley de la justicia universal por parte del PP, se aclara que será «sin perjuicio de los tratados que internacionales que España ha ratificado». Por otro lado, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz rescató el caso del asesinato del periodista José Couso invocando la IV Convención de Ginebra, que determina que son competentes para investigar los crímenes todos los países firmantes de las convenciones aunque no se hayan hecho en su territorio ni hayan participado en el conflicto. Es la única sentencia, junto con la Convención de Apartheid, que establece la jurisdicción universal.

«España está obligada a cumplir la ley que contrajo internacionalmente al margen de lo que diga su ley interna»

Este principio de la jurisdicción universal existe desde el siglo XVIII, pero su aplicación efectiva no llega a 20 años. En tiempos históricos es un tiempo muy corto. España, que es un país con un enorme retroceso en relación a la investigación de los crímenes de su propio territorio, es el país del mundo en donde más procedimientos abiertos por justicia universal existen, aun con la abrogación del PP. Así como Argentina es una referencia mundial por juzgar a sus propios criminales, España lo es por juzgar a los criminales de otros países. Con la reforma del PP esto queda ahora limitado, pero hay siempre vericuetos que los jueces que están dispuestos a investigar utilizan. Y como los jueces de la Audiencia Nacional han intervenido prácticamente todos ellos en causas de este tipo, tienen más incorporado que otros jueces en el mundo la idea de la justicia universal.

España es la cuna de la justicia universal, de su aplicación efectiva. Y todos los países que firmaron las Convenciones de Ginebra, que son casi todos los países del mundo, deben responder a ese principio, por lo que existe la posibilidad de que se interpongan querellas en varios lugares.

Ahora, el Comité Especial de Naciones Unidas que visitó los territorios ocupados acusó a Israel en 2011 de violar sistemáticamente los derechos humanos, y durante los últimos ataques israelíes contra Gaza, la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Nancy Pillay, pidió a Israel que asumiera sus crímenes de guerra, pero todo se queda en palabras.

Es algo parecido a las resoluciones de las comisiones de la ONU con respecto al franquismo, con la diferencia de que los crímenes en Gaza se están cometiendo en la actualidad. El tema es hacer justicia, quién persigue a los criminales y de este modo evitar crímenes futuros.

«Argentina es una referencia por juzgar sus propios criminales, España lo es por juzgar los criminales de otros países»

Estamos asistiendo a una especie de secuestro de la justicia internacional por parte de las potencias que tienen el poder de decidir a quiénes se juzga, cuándo y de qué modo: el peso el Consejo de Seguridad, las decisiones del Tribunal Penal Internacional, el hecho de que la Corte Penal Internacional no haya tomado ningún tipo de decisión pese a la evidencia de los crímenes, el hecho de que la Asamblea o el Consejo de Seguridad de la ONU no haya tomado ninguna iniciativa para crear un tribunal especial. El desamparo para las víctimas es tremendo. Frente a esto, felizmente, se ha ido fortaleciendo la idea de la justicia universal.

Sería magnífico que hubiera 20 ó 30 tribunales del mundo que abrieran diligencias y pidieran la detención de la cúpula israelí, primero como modo de hacer sentir que alguien  pretende hacer algo por los palestinos, también en apoyo a los judíos que se oponen a todo esto, y sobre todo para que esta gente sienta que está perseguida por la comunidad internacional. Que si salen de su territorio pueden ser detenidos, que tienen que parar y buscar otra manera de resolver el conflicto.

La búsqueda de la justicia universal tiene efectos que van más allá de la justicia misma o del enjuiciamiento. La impunidad en Israel no se va a quebrar. Basta ver que las cárceles israelíes están pobladas de palestinos y no hay un israelí en una cárcel palestina. Esto demuestra que Palestina es un territorio ocupado, que Hamás es un producto de la ocupación. Plantean los túneles como si fuera un tremendo delito, cuando todos los pueblos que han luchado por su liberación han buscado salidas de este tipo, como los vietnamitas. Pareciera que el delito es construir un túnel y no ocupar un territorio. La aplicación de la justicia universal pretende lanzar el mensaje de que estos crímenes no pueden quedar impunes y que hay jueces tan dispuestos a detenerlos físicamente como de detener la posibilidad de futuras masacres.

«Hay que hacer algo contra el secuestro que tienen las grandes potencias de la justicia internacional»

En todos los países existen estructuras judiciales asentadas. Abogamos porque en todos los países existan juzgados específicamente dedicados a investigar crímenes de lesa humanidad, y  específicamente dedicados, esos u otros, a ejercer la jurisdicción universal. Si esto es así, las víctimas podrán interponer su denuncia en esos tribunales, que tendrían que comprobar que se están cometiendo esos crímenes y lanzar órdenes internacionales de detención. Qué diferente hubiera sido la historia si España hubiera actuado contra el franquismo no 20 años después como lo hizo, sino en el mismo momento en el que se cometían los crímenes.

La idea es que en el futuro haya un órgano, como podría serlo la Corte Penal Internacional si fuera imparcial, que ordenara todo esto. O sea, que los tribunales comenzaran a actuar, que acogieran las denuncias de las víctimas y que consultaran con ese organismo si el juzgado de un país u otro o él mismo se encarga de investigar eso mismo. Hay que hacer algo para combatir el secuestro que tienen las grandes potencias de la justicia internacional. La solución es resignarse a la impunidad o actuar todos de común acuerdo tal de manera que sea ineficaz presionar en un país porque la denuncia se interpondría en otro, y que por tanto, se interponga la idea de la justicia por encima de los intereses.