FUENTE: http://www.tercerainformacion.es/
El Informe de la Comisión de Observación de Derechos Humanos (CODH) de Julio de 2014 se elevará al Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y al Subcomité para la Prevención de la Tortura (SPT) a efecto de instar a estos organismos internacionales a tomar las medidas pertinentes para que se cumpla la legislación vigente.
Integrantes de la Comisión de observación de Derechos Humanos compuesta por miembros de la Campaña Estatal por el cierre de los CIE, de la Coordinadora Estatal para la Prevención y Denuncia de la Tortura, del Grupo de Acción Comunitaria, y del Observatorio del Sistema Penal y Derechos Humanos de la Universidad de Barcelona realizaron durante la primera semana de julio de 2014 una visita a la Ciudad Autónoma de Melilla a fin de evaluar las vulneraciones de derecho humanos que se han venido denunciando a lo largo del último año por las organizaciones locales.
Dicha Comisión ha presentado esta mañana el Informe “Vulneraciones de Derechos Humanos en la Frontera Sur – Melilla” que se ha realizado como consecuencia de dicho trabajo y que elevará al Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y al Subcomité para la Prevención de la Tortura (SPT), a efecto de instar a estos organismos internacionales a tomar las medidas pertinentes para que se cumpla la legislación vigente.
En el transcurso de la presentación se ha advertido que “la violencia y la vulneración de derechos y libertades en la Frontera Sur son parte de nuestra propia realidad. No nos deben ser algo ajeno sino que nos atañe en primera instancia como organizaciones sociales y como personas. La exigencia por el cumplimiento de los derechos humanos es improrrogable; son valores de nuestra sociedad los que están en juego”.
Asimismo, se ha denunciado que “la vulneración de derechos humanos a ambos lados de la valla de Melilla es sistématica. La violencia que ejercen las fuerzas de seguridad de ambos Estados sobre las personas desencadena muertes, torturas y atentados a la integridad física”
Los ponentes han concluido que “el Estado español está incumpliendo la legalidad en la Frontera Sur. Entendemos que las órdenes llegan desde el Ministerio de Interior y las entidades sociales emprenderemos todas las acciones legales y de movilización necesarias para que se aplique la legalidad vigente”.
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