Documento de contexto:

LA DEMOCRACIA VENEZOLANA FRENTE A LA  VIOLENCIA OPOSITORA

Y LA INJERENCIA INTERNACIONAL

La Operación “La Salida” comienza el 23 de enero de 2014

Entre el 12 de febrero y el 27 de mayo de 2014, las acciones de violencia instigadas por los políticos de la ultraderecha venezolana, Leopoldo López (dirigente de Voluntad Popular), María Machado (dirigente de Vente Venezuela) y Antonio Ledezma (Alcalde Metropolitano), -a partir de una operación hecha pública en rueda de prensa el 23 de enero, denominada “La Salida”, para derrocar al presidente constitucional Nicolás Maduro— han dejado un lamentable saldo de 42 personas fallecidas y 873 lesionadas.^[1] La mayoría de los fallecidos y heridos ha sido por causa directa de las llamadas «guarimbas», promovidas por sectores de ultraderecha de la oposición, como lo reconocen incluso congresistas estadounidenses.^[2]

Las “guarimbas” son acciones de violencia focalizada –algunas de tipo claramente terrorista—, que han incluido asesinados y heridos con francotiradores, envenenamiento de embalses de agua y provocación de incendios forestales, la quema de edificaciones y transportes públicos y de alimentos, cierre de calles con quema de basura y levantamiento de alcantarillas, entre otros ilícitos.

El Estado y sus instituciones democráticas actúan de forma impecable

El deber de preservación de la seguridad y el orden por parte de las instituciones del Estado se ha cumplido a cabalidad, a través de los mecanismos que establecen la Constitución y las leyes. Contrario a las falsas acusaciones que han circulado en medios masivos de comunicación y que se han recogido, sin rigor, en algunos informes de organizaciones no gubernamentales –instrumentalizando el discurso de los derechos humanos—, las instituciones venezolanas han actuado de manera ejemplar desde el principio de estos acontecimientos, investigando y procesando todas las denuncias de presuntas violaciones de derechos humanos, ya fueran presentadas ante la Fiscalía Nacional o sólo en los medios de comunicación.

De los 42 fallecidos, 10 son funcionarios (varios de ellos asesinados por francotiradores, mientras cumplían con su deber).  Se cuentan, además, 873 heridos (278 funcionarios).^[3]

El presidente Nicolás Maduro denunció que los daños materiales han alcanzado la cifra de 15 mil millones de dólares. Esto incluye entre otras cosas, el ataque a 15 universidades del país.^[4]

El 08 de mayo, el gobierno a través de un operativo llevado a cabo por la Policía Nacional Bolivariana y la Guardia Nacional, desmanteló reductos guarimberos que se camuflaron bajo el nombre de “campamentos de la libertad” y desde donde operadores de la ultraderecha intensificaron acciones de violencia contra la ciudadanía y bienes públicos, manteniendo en zozobra a habitantes de los municipios Baruta y Chacao (este de la capital), ambos gobernados por alcaldes de oposición al gobierno bolivariano. En el operativo resultaron detenidas preventivamente 243 personas, de las cuales sólo el 20% eran estudiantes. De éstas, sólo a 11 se le dictaminaron medidas privativas de libertad debido a la gravedad de los cargos (como por ejemplo el porte ilícito de armas de fuego, uso de adolescentes para delinquir, obstrucción a la vía pública, daños violentos a la propiedad, tráfico en menor cuantía de drogas y detentación de sustancias incendiarias). 49 personas resultaron positivas en pruebas de drogas. En este sentido, se solicitó al tribunal de control que 15 de los imputados fuesen sometidos a un tratamiento médico especializado que permita su plena recuperación en cuanto al consumo de drogas.[5]

Personas procesadas e investigaciones en curso

Desde el inicio de la violencia en febrero, de las personas que han sido aprehendidas in fraganti y presentadas ante tribunales, sólo 5% (174 personas) han recibido alguna medida privativa de libertad por la gravedad de los cargos en su contra. Esto contrasta con el discurso que pretende mostrar una política represiva de parte del gobierno venezolano. Las demás (95%) han recibido otro tipo de medidas, como régimen de presentación, o han sido declaradas libres de cargos. Sólo 17 de los privados de libertad son estudiantes, lo que refuta la tesis de que las protestas son estudiantiles.

En cuanto a la violación de Derechos Fundamentales, hay 197 investigaciones adelantadas por el Ministerio Público: 193 por trato cruel, 2 casos por tortura, 2 casos por homicidio consumado. De estos, 2 funcionarios han sido acusados por homicidio calificado; 11 funcionarios acusados por trato cruel. [6]

También en las Fuerzas Armadas el gobierno nacional ha actuado de manera contundente, con la detención de 3 generales de la aviación que pretendían “alzar a las fuerzas militares”.^[7]

Han sido detenidos 58 extranjeros por su implicación en las acciones terroristas comandadas por grupos de ultraderecha. Las autoridades también han denunciado el empleo de mercenarios para generar caos y las vinculaciones de estas personas con figuras internacionales que se oponen al gobierno democrático venezolano, como el ex presidente colombiano Álvaro Uribe. En el caso de personas con nacionalidad española, han sido detenidos Yolanda Lara (española) y José Fernández (español-venezolano), presuntamente especialistas en la construcción de artefactos explosivos. Los indicios apuntarían a que tenían previsto un plan de magnicidio contra el gobernador de Yaracuy (donde fueron aprehendidos), Julio León.^[8]  Destaca además el caso del colombiano Gabriel Alejandro Reyes Beltrán, quien es solicitado en código rojo por la Interpol, acusado de narcotráfico, a solicitud del gobierno español. Beltrán operaba como co-organizador de las guarimbas y entrenador de los grupos violentos en el estado Táchira.^[9]

Sobre españoles implicados en los hechos violentos

El Ministerio Público ha informado que sólo 4 personas que tienen nacionalidad española permanecen detenidos por la gravedad de los cargos en su contra, entre los que se encuentran los ciudadanos Yolanda Lara y José Fernández. En todos los casos, el gobierno está coordinando su actuación con los consulados y la Embajada española en Venezuela, en orden a esclarecer los hechos y garantizar el mejor tratamiento posible, dentro del respeto a la legislación venezolana y a los acuerdos suscritos entre ambos países. Además, como lo ratificó el canciller español, José Manuel García Margallo, en declaraciones a periodistas durante una visita a Naciones Unidas las autoridades españolas están “en permanente contacto con ellos” a través de la Embajada y el cónsul.^[10]

El Ministerio Público también verificó que el ciudadano español Wilmer Carballo, de 43 años, murió el 24 de febrero en el sector Fundación de Cagua, estado Aragua, tras recibir un disparo; este hecho está siendo investigado por el fiscal 32º del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial de dicha entidad regional.

Los casos de Leopoldo López y María Machado

Leopoldo López: López fue detenido el 18 de febrero preventivamente y de común acuerdo con él y sus familiares -con el acompañamiento del presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello—, por sus responsabilidades en los hechos violentos del día 12 de febrero y, como lo reconoció en medios de comunicación su esposa Lilian Tintori, debido a las amenazas contra su vida.[11]  López está acusado de instigación a delinquir, intimidación pública, daños a la propiedad pública y homicidio intencional calificado ejecutado por motivos fútiles e innobles. Su proceso judicial está desarrollándose de acuerdo al marco normativo correspondiente, incluyendo una primera audiencia celebrada el 2 de junio.^[12]

María Machado: El 12 de mayo, el Tribunal Supremo de Justicia declaró improcedente la acción interpuesta por la ciudadana María Corina Machado, para que se ordenara la reincorporación al cargo que perdió como diputada en la Asamblea Nacional. La Sala Constitucional recordó su sentencia N° 207 del pasado 31 de marzo, en la que estableció que “Machado, al aceptar una representación alterna de otro país (que, adicionalmente, para ese momento se encontraba en una especialmente delicada situación diplomática con la República Bolivariana de Venezuela –ruptura de relaciones diplomáticas-), indistintamente a su tiempo de duración, ante un órgano internacional, pretendiendo obrar en su otrora condición de diputada, sin solicitar autorización al Presidente de la Asamblea Nacional y sin éste habérsela concedido, perdió, de pleno derecho, la investidura parlamentaria”.^[13]

El nuevo plan de desestabilización

Tal como denunció el gobierno el 28 de mayo, las acciones de desestabilización estarían siendo promovidas por la ex diputada de la Asamblea Nacional, María Machado; el Embajador en Colombia, Kevin Whitaker; el ex subsecretario de Estado para América Latina del ex presidente George W. Bush, Otto Reich; el ex gobernador del estado Carabobo, Henrique Salas Römer; el banquero estafador y prófugo de la justicia, Eligio Cedeño; el profesor de la Universidad Central de Venezuela, Gustavo Tarre; el ex gobernador de Caracas, Diego Arria; el ex directivo de Petróleos de Venezuela, Pedro Mario Burelli; el opositor implicado directamente en el caso de planes magnicidas con paramilitares de la Finca Daktari, Robert Alonso; el abogado Ricardo Koesling y el periodista venezolano radicado en el exterior, Nelson Bocaranda.^[14]

Injerencia del gobierno de Estados Unidos

El miércoles 28 de mayo de 2014, la Cámara de Representantes, de mayoría republicana, aprobó un proyecto de ley promovida por la congresista republicana del estado de Florida, Ileana-Ros-Lehtinen, cuyo objetivo es congelar los activos y prohibir la entrada a EE.UU. de aquellos funcionarios venezolanos que, según ellos, hayan podido estar involucrados en violaciones de los derechos humanos durante las protestas que sacuden al país desde febrero pasado. El Comité de Relacione Exteriores del Senado ya había aprobado un proyecto similar promovido por los políticos de origen cubano y anticastristas Robert Menéndez (Demócrata) y Marco Rubio (Republicano). En el caso de que ambos proyectos de ley completen su recorrido, todavía tendrían que armonizarse en un único texto antes de ser enviados al escritorio del presidente, quien podría vetar la iniciativa y negarse a firmarla.^[15] Es importante notar que 14 congresistas demócratas enviaron una misiva al presidente Barack Obama el 27 de mayo, en la que expresaron su oposición a la idea de aplicar sanciones a Venezuela. En dicha carta, el grupo de congresista reconoce que, más allá de los casos de abusos policiales en el uso de la fuerza –que ya han sido juzgados y condenados-, las muertes y abusos cometidos en las últimas semanas en Venezuela han sido promovidos por los propios manifestantes. Igualmente, valoran positivamente el acompañamiento de la Unasur y el Vaticano en los diálogos de paz alentados por el gobierno venezolano. En virtud de estas y otras consideraciones, estiman como muy inoportuno que el gobierno norteamericano imponga sanciones unilaterales sobre Venezuela, que podrían en todo caso entorpecer los avances en el diálogo y las relaciones de respeto entre ambas naciones, tal como recoge el texto: “el proceso de diálogo se vería seriamente debilitado si EE. UU. recurriera a la imposición unilateral de sanciones”.^[16]

Rechazo generalizado a la violencia y la injerencia extranjera

–        El 88% de la población Venezolana está en desacuerdo con las acciones violentas (encuesta con 96% de fiabilidad).^[17]

–        Ese mismo porcentaje considera que el gobierno nacional debe sancionar a los responsables de estos hechos violentos.

–        El apoyo a la oposición en el escenario político cayó a menos del 20%  por la radicalización de las protestas.^[18]

–        52% de los venezolanos evaluó positivamente el desempeño del presidente Nicolás Maduro

–         73% de la población no está de acuerdo con las injerencias del gobierno de Estados Unidos en los asuntos internos de la nación y 67% está en contra de que este país imponga sanciones a Venezuela.[19]

3 de junio de 2014.

Prensa y Comunicaciones

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