Sara Rosenberg
4 diciembre, 2013
Hay una gran diferencia según quién, dónde y en nombre de qué intereses se aplican las leyes y se administra la justicia. Hay una gran diferencia entre lo que significa gobernar para cumplir con la justicia o gobernar para cumplir con las leyes del mercado y la corrupción que lo sostiene. Es la diferencia que hay entre la sentencia contra la multinacional Chevron por los desastres causados en Ecuador y la sentencia absolutoria en el caso Prestige que causó un desastre en el costa norte de España. Y esa diferencia entre justicia y corrupción de la justicia tiene que ver con la voluntad política. Con quién gobierna en nombre de los ciudadanos.
Hay quienes de verdad han iniciado un camino democrático capaz de frenar los crímenes del mercado y las corporaciones y hay quienes usan la palabra democracia para proteger los negocios corruptos de las multinacionales. Son dos proyectos diferentes y cada vez más antagónicos. Una cosa es la democracia participativa que respeta y hace respetar la constitución votada por los ciudadanos, otra es la democracia “representativa” que sólo representa a los intereses de los dueños del dinero y usa la retórica democrática para ocultar que gobiernan por decretos anticonstitucionales. Y este último es el caso de España, y también de Europa. La legalidad y la justicia han desaparecido en nombre del capricho y la soberbia guerrerista de los mercados.
La justicia puede juzgar a favor de las personas y de la vida del planeta, o bien juzgar a favor de las multinacionales y sus gerentes políticos, en detrimento de las personas y de la vida. Si en la constitución se afirma que todos somos iguales frente a la ley, en España ese precepto se contradice constantemente y se demuestra una y otra vez que la justicia sirve sólo para proteger a los poderosos y criminalizar al pueblo cuando no acepta la sumisión al despojo al que está siendo sometido. El caso del Prestige lo corrobora: una vez más la impunidad de los responsables de la catástrofe humana y ambiental es la norma. No hay culpables ni hay penalización. Y como se escuchó decir en off a una diputada imputada por corrupción en Valencia, “que se jodan”. Que se joda el marinero, el pescador, el minero, el estudiante, el trabajador, los viejos, las mujeres, los niños… esa es la ética que impone el neoliberalismo salvaje al que este país está entregado. Mientras ayer mismo se votaba otra ley que penaliza y multa la protesta ciudadana. Si protestas cerca del Congreso puedes ser multado con una suma que llega a los treinta mil euros, cuando el sueldo mínimo no alcanza a los 600. Se suprime así un derecho humano básico, el derecho a luchar por lo que es justo, y ya no sólo se criminaliza la protesta, sino que además se penaliza y se multa.
Mientras los corruptos –imputados, juzgados y absueltos- están en la calle y gobiernan, Gordillo, alcalde de Marinaleda es condenado a siete meses de prisión por el “delito” de haber intentado hacer que tierras improductivas sirvan para alimentar a las familias jornaleras y desempleadas de Andalucía.
Acaba de terminar la huelga de los trabajadores de la limpieza de Madrid, que seguirán estando condenados a bajos sueldos y a los caprichos de la empresa privada, con la picota de futuros despidos y sin ningún control ni protección por parte de eso que se llama estado.
Al mismo tiempo que esto sucede, donde la impunidad para los corruptos es lo que rige, (más de la mitad de los cargos políticos y muchos de la familia monárquica están imputados por corrupción) en el diario El País no cesan de atacar a aquellos gobiernos que aplican una justicia para las mayorías y protegen los derechos humanos y sociales. Aquellos gobiernos que cumplen con su función y hacen respetar la Constitución votada por todos.
El corresponsal del diario El país en Venezuela, E. Shakenberg, es un experto desinformador y casi todos los días escribe para tergiversar lo que está sucediendo en ese país, donde el gobierno bolivariano del presidente Maduro hace cumplir la Constitución e impide que la guerra económica llevada a cabo por una minoría parasitaria, desestabilice el país y lo lleve al caos. Con la ley en la mano, el gobierno venezolano protege a las mayorías y persigue a los especuladores y usureros que fijan precios para ganar más del mil por ciento con sus operaciones de ingeniería mafiosa, apoyada directamente por Estados Unidos y su corrupta política del dólar que es quizás el virus corruptor por excelencia. Compra una lavadora por 100 y véndela por cien mil, compra a un lumpen para que pueda destruir una central eléctrica, una escuela o un centro médico, compra a periodistas mercenarios para desinformar y sabotear el sentido, pero compra, y sobre todo corrómpete que esa es la ley del imperio que necesita crear el caos y la guerra, porque con el caos y la guerra hacen grandes negocios. Hay casos claros: aniquilan países con guerras abiertas (Libia, Afganistán, Irak, entre otros), destruyen países con intervenciones encubiertas de mercenarios pagados en dólares y euros (Siria) y pretenden aniquilar países como Venezuela con guerras económicas, sabotajes y bloqueos. La lista es larga.
Está claro, aquí hay dos proyectos bien diferenciados, y en el epicentro el concepto de justicia que se aplica en cada caso: Justicia para las mayorías o justicia para esa casta especuladora y explotadora (la burguesía parasitaria) que está destruyendo absolutamente la vida en el planeta. O fusiles o cadenas, se decía en un momento. O justicia para las mayorías o corrupción e impunidad para los poderosos.
Está claro cuál es el camino. Y aunque los medios intenten demonizar a aquellos gobiernos que gobiernan por y para las mayorías, como es el caso de Venezuela, lo que hay debajo y lo que cada vez se ve con más claridad es el negro y terrible petróleo, que USA y sus “democráticos” socios de la OTAN, necesitan para seguir parasitando y destruyendo el mundo.
Dos modelos: La justicia para todos y esa es la función de la ley y la Constitución, o la injusticia en la que vivimos en España hoy, dónde la Constitución y la ley brillan por su ausencia..
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