Mucho se ha hablado del futuro acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC-EP, sobre todo se ha generado gran expectativa por el tratamiento penal de los delitos cometidos por los guerrilleros, sin embargo no ocurre lo mismo con los crímenes cometidos por agentes estatales. La real magnitud de la atrocidad de los crímenes de Estado en Colombia se conserva en las sombras. Se mantiene a la sociedad en un estado de negación que impide avanzar en el proceso de comprensión de la violencia política.

Entre 1949 y 1958, período que comprende la violencia bipartidista y del genocidio gaitanista, se cuentan por lo menos 179.820 muertes violentas por causas políticas. Entre 1958 y 2012, el Informe General del CMH contó 220.000 muertes violentas por causa del conflicto armado en el país1. Con el Estatuto de Seguridad de 1978 se detuvieron 16.000 personas por motivos políticos. Entre 1988 y septiembre de 1990, fueron perpetradas 313 masacres, de las cuales 287 fueron cometidas por las Fuerzas Militares y sus grupos paramilitares. No menos de 5.000 militantes y simpatizantes de la Unión Patriótica fueron asesinados entre 1986 y 1992, constituyendo el más reciente genocidio político del hemisferio occidental.

Durante el Gobierno de Cesar Gaviria, mientras se proclamaba la Constitución Política de 1991 se cometieron 9.382 crímenes de Estado. En el gobierno de Ernesto Samper se tienen 4.916 registros entre ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas. Entre 1998 y 2002, periodo que comprende el Gobierno de Andrés Pastrana, paramilitares produjeron 1.089 masacres, asesinando 6.569 personas. Durante los dos primeros años del Gobierno de Álvaro Uribe Vélez, se registraron más de 5.000 detenciones arbitrarias, practicadas de manera masiva. Entre 2002 y 2005, solo en los primeros 3 años del gobierno Uribe, más de 800 sindicalistas fueron asesinados, presuntamente por grupos paramilitares, luego se conoció que el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) habría participado en connivencia con grupos paramilitares en el asesinato de sindicalistas y activistas sociales.

Las razones fundamentales que motivaron la creación del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE) conservan plena vigencia, aunadas a otras que han surgido en estos últimos años. No valieron todas las observaciones y recomendaciones de la comunidad internacional, no valieron los controles institucionales, como tampoco valieron los reclamos de las víctimas. El gobierno de Álvaro Uribe Vélez aprobó sin miramientos la Ley de “Justicia y Paz”, iniciativa que pretendió otorgar carácter político a los crímenes de grupos paramilitares, amnistiar de facto a mas de treinta mil (30.000) paramilitares y poner toda la carga y responsabilidad jurídica en un raquítico cuerpo, de un insólito modelo de justicia de excepción. Las víctimas aparecieron por accidente en este debate y diez (10) años después de la aparición del concepto de “justicia transicional”, aún pareciera que no hay voluntad política para hacer realizables los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. El paramilitarismo, hoy llamado por la oficialidad “Bacrim”, mantiene su capacidad militar, política y económica en los territorios.; atesoran la tierra despojada y la riqueza hurtada a las y los campesinos, e inciden directa o indirectamente en la administración de recursos públicos. Y mantienen relaciones de cooperación con la Fuerza Pública, de otro modo no se explicaría su existencia y reproducción.

Adicionalmente el gobierno de Juan Manuel Santos, ha aprobado un “marco jurídico para la paz” que permitirá la priorización de casos y con ello la renuncia a la persecución penal de otros graves crímenes en el país. También se intentó una ley de ampliación del Fuero Penal Militar que promete inmunidad e impunidad para los crímenes cometidos por militares, a lo que han llamado “seguridad jurídica”. Se ha construido con mayor fuerza estos últimos años, la idea del “trato simétrico” que permitiría a los militares beneficiarse de todo tipo de medidas de justicia transicional. En la práctica se ha llegado al punto de equiparar la responsabilidad de agentes estatales con la de miembros de grupos armados al margen de la ley, lo que sin duda está en contravía del derecho internacional de los derechos humanos.

El Estado insiste en la táctica del negacionismo. Los crímenes de Estado han pasado del anonimato al reconocimiento parcial y general, sin embargo dicho reconocimiento no ha estado acompañado de un cambio del discurso distorsionante de la violencia generalizada que describe al Estado como una víctima mas. Se intenta igualmente configurar un escenario artificial de post-conflicto en el que no se contempla ni una profunda reforma institucional, ni el abandono de la doctrina de “seguridad nacional” que implica una disposición militar ante todo ciudadano que potencialmente puede ser un “enemigo interno”. Se ha fundido el discurso de la violencia con el del conflicto armado, para invisibilizar la violencia socio-política y la guerra sucia que se ha desarrollado.

El hermetismo y la ausencia de participación real de las víctimas de crímenes de Estado en la mesa de diálogos en La Habana (Cuba), no propicia un escenario suficientemente informado a la sociedad civil. De cualquier forma nos hemos adelantado a la discusión con propuestas puntuales, entre ellas:

Invitamos a todas las víctimas de crímenes de Estado a seguir luchando unidos por sus derechos, a enfrentar la ignominia del olvido, a poner en evidencia la injusticia y la impunidad en que se encuentran estos crímenes y a entablar un diálogo constructivo con la sociedad para exigir las transformaciones y los cambios democráticos que garanticen una paz estable y duradera para Colombia.